Informe causa reacción

Yaritza Espinoza, miembro de la mesa técnica que trabajó en la verificación de campo, informó que en esta inspección se estudiaron las comunidades indígenas de Nuevo Palomar, Quebrada de Caña y Kia, que van a ser afectadas por el impacto de la obra, y también se revisó el uso del río y la existencia de petroglifos dentro de la zona.

Espinoza precisó que luego de esta verificación se debe entrar en la etapa de peritaje por parte de la ONU de forma independiente, contando con su asistencia técnica y sujetándose a los acuerdos establecidos al firmar la Ley 11 de la comarca Ngäbe-Buglé.

En tanto, Celio Guerra, presidente del Congreso Tradicional Ngäbe-Buglé, calificó de “infame” la actuación de la cacica Silvia Carrera, de pedirle al Gobierno que paralice la obra, cuando ella, en conjunto con la Coordinadora, firmaron los acuerdos en la Ley 11, que indica que la empresa Genisa iba a paralizar sus funciones cuando los peritos independientes llegaran a realizar el peritaje, pero luego reanudarían el trabajo hasta cuando se entregue el informe.

Guerra precisó que para los grupos de resistencia el informe de la ONU no es nada nuevo, pues era lo que venían señalando hace mucho tiempo, y lo preocupante de la situación es que el ministro Fábrega ha indicado que el proyecto va.

“La pregunta que nos hacemos es qué hace la Coordinadora, el M-10 y Silvia Carrera en una mesa de diálogo, cuando todo este tiempo la empresa ha aumentando el pie de fuerza para culminar el proyecto”, indicó.

Ahora lo que se está viendo es que la empresa termine su proyecto y que la dirigencia vaya a exigir las debidas indemnizaciones que establecieron en el artículo 5 y el artículo 9 de la Ley 11, en la que permitieron el desalojo de las comunidades indígenas afectadas, puesto que todo lo que se ha hecho es en contra de los poblados afectados, donde también se impuso el Decreto 537 para montar dirigencias que avalen este tipo de obras, agregó Guerra.