Víctimas del jarabe envenenado rechazan propuesta del Gobierno

No están de acuerdo. Los familiares y víctimas del jarabe envenenado con dietilenglicol en Panamá rechazaron hoy la iniciativa del Gobierno de otorgar una pensión vitalicia a los afectados por este escándalo, que causó más de 200 muertos, por no satisfacer sus expectativas.

Según Gabriel Pascual, representante de las  víctimas la  decisión de pensionarlos sin un estudio técnico previo es una imposición y una muestra de que el Gobierno no tiene voluntad de resolver el problema.

"No existe un estudio que determine cuáles fueron los elementos utilizados para determinar el monto de cada una de las pensiones, incluyendo la de los menores de edad", indicó Pascual.

El Consejo de Ministros aprobó la noche del martes enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que otorga una pensión vitalicia de carácter especial a las víctimas reconocidas por la intoxicación masiva que afectó a miles de panameños.

Pascual señaló que se ignora cuáles serán las metodologías que utilizarán para pensionar a un menor de edad o a una persona que jamás ha cotizado en el programa de seguridad social o a quien ya está pensionado, además de que el proyecto excluye a las personas que ya han fallecido.

"No hay objetividad ni seriedad, y lo que quieren es deshacerse del problema, porque tampoco han cumplido con el mandato de la ley 13 de 2010 que habla sobre citas médicas, tratamientos y medicamentos expeditos para los afectados", añadió.

El pago de las pensiones, que van entre los 235 dólares y los 1.250 dólares mensuales, saldrá del fideicomiso que el Estado aporta al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del programa de seguridad social, y que se calcula ascenderá aproximadamente a 6,5 millones de dólares.