Indígenas de Panamá rechazan propuesta del Gobierno sobre hidroeléctricas

La cacica panameña Silva Carrera rechazó hoy una propuesta presentada ayer por el Gobierno sobre el manejo de los recursos hídricos en la Comarca Ngbe Buglé, y reiteró la exigencia de que en ese territorio indígena sea vetado por ley el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

"Nosotros no estamos de acuerdo" con la propuesta presentada por el Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, "soy simplemente representante de mi pueblo, que me eligió, y el pueblo no está de acuerdo", afirmó Carrera en una entrevista con la televisión local.

En el marco de una mesa de negociación instalada la semana pasada en el Parlamento, el Ejecutivo propuso el miércoles a los líderes indígenas que las concesiones futuras para construir proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca y áreas anexas, podrán ser otorgadas siempre y cuando sean aprobadas por el Congreso regional respectivo Ngbe Buglé.

La propuesta gubernamental también contempla que la población Ngbe Buglé determinará un plan para el uso y desarrollo de sus recursos hídricos de acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica comarcal y aprobado mediante un referendo en la Comarca.

Carrera argumentó que si bien el Congreso Regional es el máximo organismo de "presión y decisiones", es el pueblo Ngbe Buglé quien tiene la última palabra y ellos "no" van a aceptar que el congreso tome la decisión sobre las concesiones hidroeléctricas.

A juicio de Carrera, la propuesta gubernamental solo se pretende dilatar las conversaciones, porque, explicó, los indígenas han sido claros en que lo que exigen es un régimen especial para la protección de los recursos naturales y la cancelación de hidroeléctricas y de la explotación minera en la comarca y áreas anexas.

El rechazo indígena a la explotación minera y las hidroeléctricas en sus territorios derivó en enfrentamientos con la Policía que dejaron entre el 5 y 7 de febrero dos muertos, medio centenar de heridos y más de cien detenidos, en medio de bloqueos de carreteras que causaron pérdidas millonarias a productores y transportistas.

Las partes acordaron negociar el asunto en una mesa instalada el pasado día 8 en la Asamblea Nacional, y hasta ahora han coincidido en que la minería deber ser vetada dentro de la Comarca y sus áreas anexas.

Sin embargo, difieren en cuanto a la explotación hídrica, que el Gobierno valora como un asunto nacional y considera necesaria para garantizar energía barata para toda la población.