La mayoría de las mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar o que han muerto a manos de sus parejas, tenía una boleta de protección.

¿Para qué sirve?, se preguntan algunas. Este documento, que se expide en las corregidurías en caso de violencia doméstica, sirve como impedimento para que el agresor no se acerque a la víctima para ejecutar o seguir ejecutando los hechos de violencia. Pero este papel no sirve por sí mismo, para hacerlo efectivo la víctima debe acudir a un miembro de la Policía Nacional.

Cuando un caso es remitido a las Fiscalías de Familia, a la víctima inmediatamente se le da una protección especial, que funciona casi como una boleta de protección.

La fiscal segunda especializada en delitos de familia y menor, Lorena Lozano, explicó que muchas víctimas no la hacen efectiva, porque en el ciclo de la violencia se involucran los sentimientos.

¿A DONDE ACUDIR?

El común de las personas llevan sus casos ante los corregidores y jueces nocturnos, porque son autoridades a las que tienen acceso dentro de la comunidad.

Los casos que se remiten a las cuatro Fiscalías de Familia de Panamá y a la de San Miguelito, la mayoría proviene del Centro de Recepción de Denuncias de la PTJ, de los centros hospitalarios y de las corregidurías.

Para el 2006, en las Fiscalías de Familia de Panamá y San Miguelito se atendieron 7, 296 casos, donde el 98% era de violencia doméstica, y se otorgaron 1, 164 medidas de protección.

CENTROS DE APOYO

Luego del cierre de dos centros de apoyo y atención a mujeres maltratadas, las esperanzas de estas víctimas han quedado bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Esta entidad cuenta con la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU), el Centro de Orientación y Atención Integral, y el Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), que están trabajando en la prevención de la violencia contra la mujer.

Rosina Pérez, directora de la DINAMU, explicó que es a través de esta dirección que se ejerce rectoría sobre el tema particular de la violencia contra la mujer y la aplicación de la Ley 38, que trata sobre violencia doméstica.

Pérez expresó que en la mayoría de los casos las víctimas no saben cuáles son sus derechos. Dentro de la Ley 38 existen 14 medidas distintas de protección para casos de violencia doméstica, tanto para matrimonios formales como para relaciones que puedan probar una permanencia, y para mujeres cuyas relaciones hayan terminado.

Algunas de estas medidas son detención preventiva de por lo menos 24 horas; suspensión de reglamentación de visitas; pensiones alimenticias provisionales e inventario de bienes.

Muchas mujeres que sufren de abusos permanecen junto a los agresores por necesidad y dependencia económica. Pérez sostiene que en casos de violencia doméstica, la medida de pensiones provisionales es un recurso muy importante, pues mediante ella se da una solución inmediata a la víctima que protege su integridad y su solvencia.

El MIDES ofrece, a través del Centro de Atención y Orientación Integral, asistencia legal, atención sicológica e incluso cuenta con un albergue temporal para aquellas mujeres que su vida está en peligro. "Automáticamente hay una abogada que tramitará sus medidas de protección, una sicóloga que va a dar atención y seguimiento, también se respalda mediante una evaluación social del caso", aseguró Pérez.

CEDEM, ubicado dentro de los predios de la Universidad de Panamá, es una organización sin fines de lucro que opera con personal voluntario especializado en la atención de casos de violencia. Cuenta con un consultorio sicosocial donde se atiende a víctimas de violencia, igualmente cuenta con abogados y personal orientador.

COSTO DE LOS TRAMITES

El abogado Edward Lombardo explicó que la Ley 19 del 22 de mayo de 2000, establece que en todo tipo de casos de violencia doméstica el jurista que lleve el caso debe cobrar como mínimo B/.500.00. Lo que incluye presentar la denuncia, darle seguimiento, presentar pruebas, audiencia preliminar ordinaria, hay que presentar recursos de apelación.

Cada caso tiene su particularidad y puede durar entre seis meses hasta un año para su resolución final. El abogado que lleva el caso, lo primero que busca es que las autoridades provean algún tipo de protección a la parte demandante o afectada, como: que el victimario no se pueda acercar, que no haya relación de ningún tipo mientras se resuelve el caso, para que de este modo se pueda dilucidar si hay delito o no.

La Defensoría de Oficio tiene abogados que brindan protección a las víctimas e igualmente la Universidad de Panamá, y algunas privadas donde los estudiantes con abogados le brindan ayuda a estas personas, aunado a otras instancias.

La clase media alta hacia arriba es la que más solicita la intervención de un abogado en caso de violencia doméstica. Sin embargo, las personas de escasos recursos sólo buscan esta ayuda cuando el caso es muy grave y necesita de alguna manera salvaguardar su vida o terminar con el problema de manera legal.

A LA CARCEL

La pena base para violencia doméstica es de 1 a 3 años de prisión. La agravada es de 2 a 4 años.