Viene una campaña por la salud penitenciaria. Unas de las primeras acciones de esta iniciativa fue realizar un censo en las cárceles del país para conocer la cantidad de internos enfermos terminales, lo que arrojó que en esa condición hay 235, de los cuales 81 se encuentran en La Joya y La Joyita.

Ayer, Javier Justiniani, de la Fundación Apoyo al Detenido, solicitó a la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, evaluar a estos internos para que sean considerados para un posible depósito domiciliario, entre ellos, al banquero Rafael Arosemena. Otro de los casos relevantes es el de Anel Barría, quien se mantiene en una celda de La Joyita y sufre de una cardiopatía congénita, comunicación interauricular (abertura en el tabique auricular de corazón), y estenosis pulmonar.

Como si estos casos no fueran suficiente, Justiniani manifestó que en las cárceles también hay afectados con los medicamentos contaminados con Dietilenglycol, pero ellos ni siquiera aparecen en la lista del Gobierno. Por todo lo anterior no se descarta presentar una demanda contra el Estado por el incumplimiento de la Constitución, las reglas mínimas y la Ley 55, que vela por los derechos de los presos.