El dolor de cabeza de todos los años. Mariana, quien tiene dos hijos en secundaria y dos en primaria, está angustiada y no puede dormir, porque vienen las clases y todavía en la escuela no le han dado la lista de los libros que usarán este nuevo año lectivo.

"Estamos sin dinero, porque en la compra de los principales útiles y uniformes escolares, se nos fue todo el dinero", dijo Mariana.

Cuenta que junto a su esposo piensan qué hacer, pues él no cobra décimo como otras personas, ya que no tiene un trabajo fijo, y si la situación empeora, tal vez el próximo año sus hijos no podrán asistir a la escuela.

Ella lucha para que sea lo contrario, porque "quiero que mis hijos estén mejor que nosotros y qué mejor manera que estudiando".

La esperanza de algunos padres de familia de que los libros, donde se va la mayor parte del presupuesto escolar, no sean cambiados todos los años se esfumó, porque la iniciativa que está en la Asamblea Nacional de Diputados para regular los textos escolares, no contó con el aval del Ejecutivo, pese a que contaba con el de los diputados.

NO PASO LA PRUEBA

El proyecto de Ley 85 sobre textos escolares, que fue aprobado en tercer debate el 30 de diciembre de 2005 y modificaba a la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946, no fue sancionado por el Ejecutivo. Esta ley buscaba establecer los requisitos mínimos que deben reunir los libros que serían utilizados como textos escolares en las escuelas públicas y colegios particulares del país.

Además, prohibía el cambio recurrente de los textos escolares y establecía un mecanismo que diera el visto bueno a los textos que deberían ser utilizados en las escuelas y colegios particulares.

En tanto, facultaba al MEDUCA para la designación de los textos escolares y protegía el derecho de los autores nacionales de textos escolares.

Según el Ejecutivo, este proyecto contenía muchas anomalías, como en su Artículo 1, en el que se sobreentiende que los colegios oficiales y particulares usarían distintos textos; no se especifica qué se consideran obras de consulta ni a quién le corresponde seleccionarlas; además, la vigencia de los textos escolares a cinco años podría resultar "peligrosa", ya que el conocimiento estaría condicionado a una regla inamovible en ese espacio de tiempo.

También la promoción, elaboración y utilización de obras complementarias debe recaer en el Ministerio de Educación y no en una de sus dependencias, como en el caso de la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa.

NO PONEN PRECIOS

Para los distribuidores de libros en Panamá, el alza de los precios de los textos escolares no es rentable, explicó Priscila Delgado, presidenta de la Cámara Panameña del Libro.

Los libros aumentan de precio de acuerdo con las editoriales; cuando éstos llegan a las librerías, ya vienen con el precio puesto.

¿Y LOS NACIONALES?

"La educación panameña depende de las editoriales extranjeras, como Santillana y McGraw Hill, para mantener el mercado de libros escolares porque no hay la cantidad ni la calidad de libros de autores nacionales para ofertar a la educación oficial y particular. Esto obliga a los distribuidores a buscar libros en las editoriales extranjeras", aseguró Delgado.

¿SIN LEY?

La profesora Isis Núñez, directora de la Dirección de Currículo y Tecnología Educativa del MEDUCA, coincide en que los precios de los libros son puestos por las editoriales o los autores, y que la institución no tiene potestad para ponerlos.

Sin embargo, destacó que la función de la Dirección de Currículo sólo es evaluar, regular los usos y recomendar los libros a los colegios.

Sobre el docente recae la responsabilidad de decidir cuál es el que le conviene usar para impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en los colegios oficiales o particulares del país.

Por su parte, Genoveva Naranjo, directora de la escuela Martín Luther King, de San Miguelito, explicó que los maestros, por lo menos de la educación primaria, acuerdan entre ellos cuál libros de texto usarán, luego lo hacen en consenso con el coordinador de grado para notificarlo a la dirección.

Si el libro no está de acuerdo con las políticas educativas o está desfazado, no lo aprueban. En caso contrario, se envía la lista a la Dirección Regional de Educación.

Enfatizó que en el área de San Miguelito, los libros de las editoriales Suseta y Santillana, que superan los cinco dólares, son sólo para consulta del docente. A los padres no se les obliga comprar ningún libro que sobrepase dicha suma.

¿COMO SE APRUEBAN?

La profesora y escritora de textos escolares, Noris Correa de Sanjur, explicó que para que un libro sea aprobado, debe pasar a la Dirección de Currículo del MEDUCA, donde tres evaluadores lo estudian y señalan si está bien o deben corregirse algunos aspectos.

Luego, el Ministerio dicta una resolución aprobando el texto como libro de consulta, que aparece en un listado antes de que se inicie el año lectivo, para que los profesores y maestros lo usen para enseñar.

Desconoce cuánto dura este proceso, porque en su experiencia demoraron cuatro años en revisarlo y a otros compañeros hasta seis días.

PRECIO DEL LIBRO

Según Correa de Sanjur, el precio del libro lo determina el escritor cuando lo vende directamente; en el caso de que se lo venda a un distribuidor o editorial, son ellos quienes lo ponen de acuerdo con los costos y ganancias.

Agregó que los escritores panameños no han tenido apoyo en lo absoluto; por ello, forman la Asociación de Autores de Textos y obras didácticas, que la componen unos 24 escritores.

Está de acuerdo con que sean revisados cada 5 años, así se minimiza el gasto anual de los padres y de los escritores.

SALVOS DEL IMPUESTO

En vista de que la educación no es sólo libro y los estudiantes necesitan otros artículos, hay una lista de útiles exentos del 5%.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, publicó una lista, entre ellos están los libros y textos de cualquier género y todos los útiles escolares.

SUGERENCIAS

La Cámara Panameña del Libro recomienda a los padres de familia, que revisen los libros de sus hijos para comprobar que éstos se estén utilizando.

También deben exigir al colegio o profesor que pidió el libro, que sea utilizado de la forma adecuada y exigir que se mande el mínimo de libros que se van a usar.

"El mayor problema con los libros se da con los colegios particulares, que no se ciñen a las reglamentaciones del MEDUCA", dijo Priscila Delgado.

PARA LAS AREAS INDIGENAS

El Ministerio de Educación repartirá un millón de libros de ciencias, matemáticas, español, ciencias sociales, en las áreas indígenas y de difícil acceso, con el propósito de dotar de libros de las principales materias a estas regiones, donde los padres de familia no tienen cómo adquirir los textos escolares para sus hijos.