En problemas se encuentran unas 33 familias residentes en Finca Santa Ana, en el corregimiento de Divalá, tras la solicitud de desalojo, hecha por una entidad bancaria que desde hace años mantiene secuestrada la propiedad.

Esta semana, a través de una nota, se le solicitó al alcalde del área, Carlos Justavino, proceder con la orden; sin embargo, éste fue claro en señalar que no puede hacerlo porque no tiene soluciones de vivienda para estas personas. Advirtió que es una dura decisión, por eso apuntó que hasta que no consulte con las instancias correspondientes, no acatará tal solicitud.