Los 125 trabajadores de la finca Santa Elena en Divalá quieren que les paguen el 100% de sus prestaciones laborales, a pesar de que la empresa cerró operaciones en el 2001.

Se trata de una finca que fue secuestrada por una entidad bancaria ante el incumplimiento de las deudas, por lo que los trabajadores llevaron un documento al Ministerio de Trabajo para que al momento de venderse la finca, la nueva empresa les pague sus prestaciones laborales.

Por su parte, José Correa, director regional del Ministerio de Trabajo, dijo que las negociaciones van a depender de la empresa interesada en adquirir las tierras.