De acuerdo con Leila Arosemena, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la situación en los centros de cumplimiento data de hace 10 años. La abogada explicó que gracias al impulso de varias organizaciones de la sociedad civil se agilizó el tema de los traslados, pero urge trabajar en el tema del hacinamiento.

También recomendó que se haga la revisión en la capacitación de custodios y que se realicen modificaciones en las leyes en cuanto al tema de ejecución de sanciones y al aumento de la edad de ingreso de 12 a 14 años, ya que para estas edades no hay programas sociales.

La Alianza Ciudadan sugiere crear un sistema de justicia juvenil.