Los trapos sucios que han salido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le han dado la vuelta al mundo, y aún se sigue comentando entre los panameños el repudio de las acciones de quienes están encargados de administrar la justicia panameña.

Todo parece indicar que existe un pacto de silencio, pero en cadena han salido verdades ocultas bajo la manga de los magistrados, como si estuvieran jugando cartas.

La bomba estalló en el Órgano Judicial luego de que el Frente Anticorrupción presentara una denuncia en contra del ex-presidente de la Corte, Adán Arnulfo Arjona, ante el Ministerio Público, por mantener nombradas en la Procuraduría de la Administración a cuatro de sus colaboradoras más cercanas.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los magistrados Arturo Hoyos, Winston Spadafora y Aníbal Salas remitieron una nota al presidente de la Corte Suprema, José Troyano, confirmando que Arjona mantuvo en su despacho a Vanessa Quijano, Argelis Escudero, Mercedes Ochoa y Tanya Vega, cuatro funcionarias que también eran empleadas de la Procuraduría de la Administración.

¡QUE RENUNCIEN!

El secretario del Frente Nacional Anticorrupción, "Chito" Montenegro, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de la Nación, en contra de varios funcionarios del actual gobierno, así como de la pasada administración. Se mencionan los nombres de Adán Arnulfo Arjona; de la ex procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher; del ex contralor Alvin Weeden, así como del actual procurador de la Administración, Oscar Ceville. Y como era de esperarse ante esta vergonzosa situación a lo interno de la CSJ, APEDE y el Colegio Nacional de Abogados solicitaron la renuncia de todos los magistrados.

COMO ANILLO AL DEDO

En su defensa, Arjona acusó a Hoyos, Spadafora y Salas de beneficiar en sus fallos la libertad de narcotraficantes. Paralelamente, Lorena Henao Montoya fue condenada en Colombia por cooperar con el narcotráfico, pese a que en Panamá fue declarada ilegal su detención y ordenaron su inmediata libertad.

Fue entonces cuando el presidente de la CSJ, José Troyano, y la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, instaron al magistrado Arjona a que presentara ante la Asamblea Nacional las denuncias sobre supuestos actos de corrupción en que han incurrido otros magistrados de ese órgano del Estado.

LA PRIMERA EN CANTAR

También otras organizaciones que conforman la "Cruzada Moral por el Adecentamiento de la Administración de Justicia" pidieron a los miembros del Órgano Judicial que se conviertan en protagonistas de la historia y renunciaran voluntariamente. No obstante, la magistrada Graciela Dixon aseguró que no renunciaría, ya que fue designada para este cargo hasta el 31 de diciembre de 2007, y sostuvo que los sectores que solicitaban la renuncia de los magistrados no era el sentir de la mayoría de la población.

BAJO LA LUPA

Este caso llegó a manos de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional y se crea una subcomisión encargada de realizar el análisis legal de las solicitudes de enjuiciamiento en contra de los magistrados señalados. Dicha subcomisión tenía un plazo de seis días hábiles para la revisión legal de los expedientes.

MAS PRUEBAS

Y como estaban en la mira, el 10 de marzo los tres órganos del Estado firman un pacto que crea la Comisión de Estado por la Justicia, con la finalidad de reestructurar y modernizar el sistema judicial en un plazo no mayor de 180 días. Esta Comisión estaría integrada por ambas procuradurías, Defensoría del Pueblo, Colegio de Abogados, y el Comité Ecuménico es el garante del pacto. Más tarde se unió Alianza Ciudadana Pro Justicia, y dos magistrados enfatizan que no renunciarían a su cargo.

El pasado lunes, Enrique "Chito" Montenegro, del Frente Nacional Contra la Corrupción, amplió su denuncia contra el magistrado Adán Arnulfo Arjona ante la Comisión de Credenciales, presentando 50 resoluciones judiciales en las que presuntamente se ha favorecido al narcotráfico y el lavado de dinero.

Posteriormente, la Comisión Pro Justicia se reúne y crea 5 subcomisiones cuya punta de lanza a seguir sería la Reforma al Sistema Procesal y la forma de escoger a los magistrados.

Y LA IGLESIA NO ENMUDECIO

Monseñor Dimas Cedeño solicitó a los magistrados que "por amor a la patria renuncien a su cargo". Y pese a este primer pronunciamiento del Purpurado de la Arquidiócesis, el presidente de la Corte y el jurista Jorge Fábrega Ponce instan a Dimas Cedeño a que respete el orden constitucional, alegando que Monseñor se había separado de su misión religiosa y caía ante las garras de un movimiento político con objetivos no morales.

UN MAL DE ARRASTRE

Uno tapa al otro. El jurista Miguel Antonio Bernal indicó que este problema radica desde la metodología de escogencia de los magistrados, en los requisitos que debe llenar los mismos, elementos que no fueron bien atendidos cuando se hicieron las reformas a la Constitución.

Apuntó que el detalle está en que a través de las reformas, es la Asamblea Nacional la que debe escuchar y procesar a los magistrados, pero son los magistrados los que están encargados de decidir si se investiga a los diputados. Por esta razón, atribuye la no importancia a las múltiples denuncias contra otros magistrados y que tampoco han sido atendidos por la Comisión de Credenciales.

"JABA DE CANGREJOS"

De acuerdo con la Constitución, los magistrados pueden abandonar su cargo por renuncia expresa, por muerte o por separación del cargo por parte de las investigaciones que pueda hacer la Asamblea Legislativa, o por la Ley Faundes, donde los magistrados deben colgar los guantes a los 75 años.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal dijo estar seguro de que la Asamblea no les va a exigir la renuncia y tampoco ninguno de ellos va a renunciar. Resaltó que "los Diputados tienen miedo y no se atreven a investigar como es, eso parece una java de cangrejos, todos amarrados por la cola".

Considera que la Corte con este lío queda desacreditada más de lo que ya estaba, y que la crisis no sólo es en el sistema judicial, sino también en todas las entidades del Estado, pues evidencian un agotamiento en su capacidad de cumplir con la funciones para las que fueron creadas.

En tanto, Carlos Smith, secretario general de la Asamblea Nacional, sostuvo que dependiendo del informe de la subcomisión que será revelado a mediados de esta semana existe la posibilidad de llamar a sesiones judiciales para atender este caso. Concluyó que "ellos sabrán si existen méritos y si las denuncias han cumplido con todas las formalidades que el caso amerita, pero recalcó que están abiertas todas las posibilidades".

"Pese a todas estas hierbas que han salido de la máxima casa de administración de justicia, los magistrados aún se mantienen en su cargo y el pueblo clama por un desenlace satisfactorio", apuntó.