Unas cuantas botellas de agua para calmar la sed de los más pequeños fue lo único que llevó un grupo de indígenas residentes en Altos de la Torre en San Miguelito, al área donde se construye el nuevo tramo del Corredor Norte.

Ellos hicieron un cordón humano para impedir el paso de los camiones de la empresa PYCSA, encargada de la obra.

Roberto Lino es uno de los afectados y explicó que hace dos meses y medio los sacaron de su pequeña casa de zinc y madera, donde vivía hacía dos años junto a su esposa y sus seis hijos.

"Ellos dicen que mi suegro ya cobró esa plata, pero él cobró la plata de él, no la de nosotros", afirmó.

Doralina Cabrera, esposa de Roberto, destacó que funcionarios del MOP le dijeron que los reubicarían en Kuna Nega, pero no quieren ir allá porque hay mucha basura; luego les ofrecieron Emberá Purú, pero esa es una zona roja. Finalmente, decidieron hacerle un anexo en la casa de su mamá, pero aún no ha pasado y en la residencia ya no cabe más nadie, pues están viviendo 32 personas. Allí vive la familia de Israel Cabrera, cuya casa estaba ubicada detrás de la de la familia Lino, y quien asegura que tampoco le han dado un pago por su vivienda.

"Yo quiero mi casa hecha", dijo en tono molesto Doralina, pidiendo a las autoridades que les den un pago justo por su vivienda.

INVESTIGARAN

En tanto, voceros de PYCSA se comprometieron a investigar el caso; sin embargo, enfatizaron que es una comisión interinstitucional la encargada de hacer la evaluación de las viviendas y determinar cuánto le corresponde a cada familia.