Mostró su desacuerdo. La expectativa de la ciudadanía está puesta en la Asamblea de Diputados, luego de la propuesta de aumentar entre seis a dos años de prisión la sanción para las personas que atenten contra el libre tránsito (protestas violentas).

Ante esto, el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, advirtió que "tratar de criminalizar las protestas es más grave que el propio cierre de calles".

Vargas reconoció que los cierres de calles violentos son inaceptables; sin embargo, la propuesta podría ser inconstitucional, por lo que hizo un llamado al Gobierno para la reflexión.