Quieren cuentas claras y advierten que no comerán cuento por parte del Jefe del Ejecutivo.

Manrique Mejía, dirigente de los ex funcionarios destituidos mediante la Ley 25, reclamó que el Gobierno les anunció el pasado 28 de marzo que sólo les adeudaba 5.6 millones de dólares, pero sus cálculos reflejan que se les debe más de 40 millones de dólares en concepto de salarios caídos.

Estos ex empleados se encuentran protestando desde hace varios días en los predios de la Presidencia de la República.

Dos de ellos, Marisina Ubillus, de 48 años, y Raúl Murrieta, de 62, están en huelga de hambre y su condición de salud es preocupante. Ayer, estos manifestantes fueron visitados por el defensor del Pueblo, Liborio García Correa, quien se comprometió a mediar con el Gobierno en este caso.