A veintiún días de la contienda electoral, los ánimos de los electores panameños se caldean a causa de sus preferencias políticas.

La Fiscalía General Electoral es la entidad responsable de aplicar las multas y sanciones de aquellas personas que incumplan con el Código Electoral.

Carlos Díaz Díaz, fiscal primero de la Fiscalía General Electoral, manifestó que, actualmente, el Código Electoral no tiene establecido un concepto de las faltas electorales y de delitos. Los estudiosos entienden que los delitos son aquellas acciones que atentan contra la libertad del sufragio y que inciden gravemente en el desarrollo del proceso electoral. Las faltas también son contradicciones que afectan el proceso electoral, pero tienen poca incidencia, por lo tanto, la sanción es menor.

Informó que existen algunos casos en donde un delito puede elevarse a falta y, si se comete una falta en varias ocasiones, es considerado para la siguiente elección un delito.

Existen tres tipos de penas: pena de prisión, la suspensión de los derechos ciudadanos y la condena en multa.

DELITOS MAS FRECUENTES

El delito en el que más incurren los electores, quizás por el desconocimiento de la ley, es el cambio de residencia. Las personas se inscriben en el registro electoral en un lugar que no es en donde viven actualmente. Es necesario que para que haya unas elecciones correctas, los electores voten donde viven. El Artículo 395 del Código Electoral especifica que se sancionará con 500 días multas a quien se empadrone en el censo en un corregimiento distinto al de su residencia.

Otro delito es el uso de recursos del Estado para proselitismo político. La ley establece que los recursos del Estado no pueden utilizarse para política, salvo el apoyo que da el Tribunal Electoral (TE) ante de los comicios electorales (subsidio), a los candidatos independientes y partidos políticos.

"Este tipo de acciones se da en representantes de corregimientos y alcaldes que aspiran a la reelección. Los casos se comprueban con el uso de carros del Estado, de computadoras y personal de oficinas públicas para apoyar actividades políticas. Está prohibido que el personal de la institución en horas de trabajo haga proselitismo, porque ese tiempo de trabajo es del Estado", adujo.

No se puede obligar a un funcionario a que en su tiempo libre apoye a las campañas políticas, porque activarse en la política partidista es un derecho y no una obligación.

El 85% de los delitos que se investigan pertenecen a estos tres tipos de delitos. La compra de voto también, pero esta situación se da cerca de la fecha de las votaciones.