Increíble pero cierto. El capítulo I del reglamento de elecciones generales del 2 de mayo de 2004, establece en su artículo 6 que, durante las horas de votación, ningún elector podrá ser arrestado, detenido, obligado a comparecer ante alguna autoridad para prácticas judiciales, policivas ni penales, sin antes permitirle ejercer su voto.

La autoridad que sorprenda a algún ciudadano cometiendo un delito tendrá que conducirlo hasta el centro de votación del mismo, permitir que vote y después apresarlo. De lo contrario, podría ser automáticamente detenido de seis a ocho meses en prisión, al violar deliberadamente el reglamento.