Insolado, harapiento y sin probar bocado por varias horas.

Así bajó ayer a las 4: 00 p.m., del primer nivel del arco del puente de Las Américas, el chiricano de 66 años, Javier Muñoz Herrera, el mayor de los cuatro manifestantes destituidos por la Ley 25.

Él, junto a otros tres capitalinos de más de 48 años de edad y ex funcionarios del fenecido IRHE, pasaron 34 horas de adrenalina pura, reclamando el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace 16 años. Piden el pago de más de 55 millones de dólares, pero el Gobierno sólo les quiere pagar 5.6 millones.

Muñoz fue motivo de preocupación para sus familiares y algunas autoridades, pero él explicó que "subirme al puente no quiere decir que yo estoy loco, sino que es una acción que la indiferencia del Gobierno Nacional me llevó a hacer".

El primero en bajar fue Eric González, luego de conversar vía celular con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zullay de Vásquez, diputados de la Comisión de Trabajo y el vice Ministro de Trabajo, Edwin Salamín.

Después de cuatro horas de conversación en el Ministerio de Gobierno y Justicia, regresaron a notificarle a Rodolfo Vence, Javier Muñoz y Rubén Guevara que podían bajar, pues altos funcionarios del Gobierno se comprometieron a acelerar el proceso de diálogo para que se defina el monto a pagarle a estos trabajadores.

Aunque hubo preocupación ante varias lloviznas, los trabajadores no desistieron de su lucha y, al finalizar, dijeron que "si no hay acuerdos, posiblemente regresemos a este sitio".

¿Y LOS FAMILIARES?

Los protestantes aseguraron que ya habían hablado con sus familiares para que no se preocuparan, ni se aparecieran por el lugar, ya que no querían que los usaran para persuadirlos de bajar del puente.

CONTRADICTORIO

El lunes, los ex funcionarios pedían la presencia de altos funcionarios; ayer querían que se firmara un documento de compromiso.