Todavía no cantan victoria. Luis Batista, vocero de los cuatro ex funcionarios destituidos por la Ley 25 de 1990, que se subieron al puente de Las Américas por 34 horas, dijo que para hoy el Consejo de Gabinete debe presentar una nueva cifra en el tema de las indemnizaciones que, según sus cálculos, son más de 55 millones, pero que el Gobierno Nacional sólo contabiliza 5.6 millones.

Batista expresó que esperan que la cifra que anuncien sea mayor a la mencionada.

Estos ex funcionarios insisten en acudir a una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se cite al Estado panameño y a los afectados para definir este problema que ya va para 16 años.

Son 270 personas las que fueron destituidas por la Ley 25 de 1990, de las cuales ya fallecieron 15.