Dicen que la nueva propuesta es un nuevo irrespeto a las víctimas de la Ley 25 de 1990.

Así lo manifestó Luis Batista, vocero de los manifestantes que se subieron al puente de Las Américas, al enterarse de que el nuevo cálculo del Estado sobre sus indemnizaciones es entre 19 y 20 millones de dólares, en concepto de salarios caídos.

Batista dijo que se le pagaría, anualmente, cuatro millones a los 270 ex funcionarios destituidos, en los próximos cinco años.