En la capital aún existen 69 caserones de madera, que son un peligro para la seguridad de sus habitantes y de la comunidad. Esto, mayormente, se da en Santa Ana, San Felipe y El Chorrillo.

Cada vez que sucede un siniestro, representa un gasto para el Estado. Se estima que cada familia cuesta 300 balboas mensuales y, al año, se traduce en 3, 650 por cada grupo familiar.

Ante esta realidad, el Ministerio de Vivienda (MIVI) ha cambiado su estrategia y empezó a adquirir apartamentos que no superan los 6 mil dólares para abaratar costos.

Como primera meta, se trazaron sacar a los damnificados de las pensiones en donde vivieron por mucho tiempo, para eliminar el pago de alquiler a que se enfrentaba la institución, explicó Virginia Miranda, directora de Desarrollo Social del MIVI.

De pasar un siniestro, la institución no tendrá la capacidad de respuesta inmediata y los afectados deberán reubicarse por su cuenta, porque no todos los moradores quieren vender sus apartamentos desocupados. El MIVI está dispuesto a comprarlos.

Saben que en el área de El Chorrillo y Santa Ana, hay un número plural de apartamentos que están desocupados.

Según Miranda, aunque no puede prevenir que se presente un desastre, sí se puede educar a la gente porque no hay dónde ponerlos.

ECONOMIA

La reubicación de damnificados significa un ahorro de B/.300.00 mensuales.