Quieren que se noten los avances de las investigaciones. Ese es el clamor de los residentes de 42 comunidades bocatoreñas que fueron afectadas por el derrame de petróleo el pasado 4 de febrero, por parte de la empresa Petroterminal de Panamá (PTP).

Los moradores de cada comunidad partieron desde Changuinola, en tres busitos, el domingo a las 10:00 p.m. y llegaron ayer a las 8:00 a.m. a la Defensoría del Pueblo para presentar sus inquietudes.

Griserio Caio, dirigente indígena, manifestó que ante los pocos pronunciamentos de las autoridades competentes, se vieron en la necesidad de acudir a esta entidad.

"Hasta el momento nadie está consumiendo pescado", afirmó.

El Tribunal Marítimo de Panamá ordenó el secuestro de 505 millones 400 mil barriles de petróleo a PTP. Además, los afectados exigen una indemnización de 500 millones de dólares.

María Meléndez, directora de Asuntos Ecológicos de la Defensoría, dijo que irán a las comunidades a corroborar las afectaciones. "Le daremos un plazo de 10 días a cada entidad para que ofrezca sus análisis", agregó.