Un conflicto de terreno y de deuda. Esto fue lo que originó ayer el desalojo de la oficinas de la piquera de Veranillo. Se llevaron muebles y materiales de la oficina.

La corregidora de Belisario Porras, Itzel de Ortiz, llegó con una resolución en mano y con un contrato firmado por Guberto Grahales, el supuesto dueño de los terrenos, y la parte arrendada, que dice que el incumplimiento de 5 pagos al mes dará paso al arrendador a dar por resuelto el contrato y asumir el control de acceso del área. Según el representante legal de Grahales, este desalojo se hizo en las oficinas por la deuda que mantienen. "El desalojo no va en contra de los transportistas ni concesionarios", dijo el abogado.

El presidente de la terminal, Alexis Miranda, indicó que han pagado la suma de 30 mil balboas, y que los terrenos no son del señor Grahales, sino de la familia Perci.