No se pudo quedar. Desde su llegada a la Defensorí­a, varias organizaciones lucharon por la destitución de Liborio Garcí­a como Defensor del Pueblo, por tener un caso de violencia doméstica. Ayer celebraron.

Al fin lograron su cometido, cuando el Consejo de Diputados de la Asamblea Legislativa consideró la renuncia tácita de Liborio Garcí­a, bajo el cargo mayor de incurrir en la violación del Artí­culo 13 de la Ley 7 de 1997, que indica que en el término de treinta dí­as debí­a renunciar a las sociedades y firmas de abogados a las que pertenecí­a. Él no lo hizo.

En su puesto, quedará encargada la defensora adjunta Mónica Pérez.