La utilización de medicamentos sin eficacia terapéutica comprobada es un atentado contra la calidad de vida de muchos panameños que dependen de un tratamiento por enfermedades críticas como: el SIDA, Cáncer, Hipertensión arterial o Hemofilia.

Ante esta anomalía, PROBIDSIDA interpuso una demanda de protección de derechos humanos en la Corte Suprema de Justicia, exigiendo al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social el cumplimiento de la Ley 1 de 2001, que garantiza la eficacia de dichos medicamentos.

Orlando Quintero solicitó la suspensión de toda adjudicación o acto público de compra de medicamentos baratos y sin certificado de bio-equivalencia del producto original.