Admite que hay que visibilizar el tema. De acuerdo con Ricardo Julio Vargas, defensor del Pueblo, la situación de los niños y adolescentes que se incorporan a grupos armados puede desarrollarse por la proximidad al conflicto y la cuestionada "débil presencial institucional" en el área.

Recordó que el papel del Estado es fortalecer su presencia en esas comunidades y ofrecer las condiciones de una vida digna.

Expresó que es difícil que esta entidad tenga representación en estos sectores de la frontera y que lo más próximo que han hecho es la apertura de una oficina regional en Metetí. De allí pretenden canalizar apoyo a una parte de Darién.

Negó que la Defensoría de Colombia le haya alertado sobre la situación de los menores como "colaboradores" de la guerrilla.