Cuando una autoridad pública anula un contrato firmado con otra entidad privada, le corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema evaluar si la decisión está bien o mal.

Es lo que tendrá que hacer ahora la Corte con el tema de CREDESOL en Arraiján, pues los abogados de la empresa demandaron al Alcalde de este distrito por anular el contrato.

Dicen los abogados que la decisión debe ser anulada por la Corte Suprema, pues no se le dio chance a la empresa de corregir los errores que motivaron a que la Alcaldía les quitara la concesión, además de que nunca se les comunicó personalmente que el contrato sería anulado.