Beneficiados. La Sala Tercera de la Corte Suprema decidió admitir las cuatro demandas de amparo de garantías acumuladas, y levantar la medida de secuestro contra la empresa Petroterminal de Panamá (PTP), por un monto de 500 millones de dólares.

El secuestro se dio por el derrame de petróleo, ocurrido en la provincia de Bocas del Toro.

El magistrado ponente, Víctor Leonel Benavides, ordenó la suspensión inmediata de las normas emitidas por el primer Tribunal Marítimo, a cargo del juez Calixto Malcom.

La resolución admite a la firma Guerra y Guerra como terceros interesados, en representación de las comunidades de Cayo de Agua, Isla Tigre, Playa Lorenzo, Isla Patterson, Boca del Río Tory y otras.