Preocupación, un poco de esperanza y una comunidad dividida es lo que ha dejado el derrame de combustible en la Bahí­a de Chiriquí­ Grande, en Bocas del Toro.

Después de cinco meses del incidente en esta población portuaria, aún no se ha divulgado por parte de expertos y autoridades, la magnitud que ha alcanzado, cuánto va a durar la afectación y cuál es la estrategia a implementar. Además, existen demandas contra la empresa Petroterminal de Panamá, S.A.

Ante esta situación, se ha dado una división por parte de los moradores de varias comunidades, ya que unos rechazan la posición de otro grupo que forma parte de la demanda. Las diferencias se dan entre indí­genas y con colonos.

ACTIVIDAD PROHIBIDA

Un residente de la comunidad de Piña, quien pidió reserva de su nombre por temor a represalias, dijo que algunos seudodirigentes se han dedicado a la tarea de prohibirles la pesca y buceo.

Explicó que continúan vendiendo lo que produce el mar, ya que es el único medio de subsistencia por su precaria situación.

En tanto, Santiago Smith expresó "que necesitan saber qué es lo que pasa y cómo enfrentarán el problema ahora que están a tiempo".

PTP

Oscar López, gerente de Proyectos de Petroterminal, sostuvo que la Bahí­a de Chiriqui Grande está limpia en 99% y a pesar que se menciona que no se debe pescar, los lugareños continúan con la actividad normal.

"Nos sentimos sumamente satisfechos con el esfuerzo que ha realizado toda la empresa, con sus trabajadores y parte de la comunidad que también ha trabajado con nosotros en esta tarea", afirmó.

Mientras que Pedro Ábrego, miembro de CEDETEN, una organización no gubernamental, pidió a las autoridades que hagan cumplir a la emprsa "con el pago de la indemnización a los afectados".

Aseguró que existe un silencio de parte de los funcionarios de la Autoridad Marí­tima de Panamá, Ministerio de Salud, Gobernación y otros que tienen que ver con el caso.

RESPUESTA

Por su lado, la gobernadora Esther Mena de Chiu, expresó que no puede emitir comentario alguno, pues este tema ha trascendido al Órgano Judicial.

Entre las comunidades que fueron afectadas están Isla Patherson, Playa Lorenzo, Playa Verde, Cayo de Agua, Isla Tigre y Cayo Coral.