Tanto trabajo por gusto. El expediente de los embargos fraudulentos detectados en juzgados municipales civiles de Arraiján, Chame y San Carlos, podría quedar en nada en septiembre próximo.

Según el fiscal Segundo Anticorrupción, Daniel Batista, en ese mes empiezan a prescribir los cargos que se le formularon a los 170 imputados en el proceso y muchos quedarían impunes.

Hay cuatro jueces involucrados, comerciantes de Chiriquí, Colón, la capital y otras partes del interior, a quienes se les han formulado cargos de falsedad, corrupción de servidores públicos, estafa en perjuicio del estado y asociación ilícita.

La prescripción se interrumpe con el llamamiento a juicio que expida el juez, pero eso sólo se logra con la audiencia preliminar que ya ha sido suspendida en dos ocasiones por el Juzgado Segundo de Circuito de La Chorrera, porque no se ha notificado a todos los implicados.

En este caso se detectó que se simulaban procesos judiciales, obtenían notas de embargos de los funcionarios.