Un uruguayo y un panameño fueron aprendidos por la PTJ por estar presuntamente implicados en estafas.

Ambos operaban desde Estados Unidos en delitos cuya suma podría ascender al millón de dólares en perjuicio de cuatro empresarios panameños y un colombiano. Estos estafadores le proponían a los empresarios invertir cierta cantidad de dinero a través de un giro bancario a Estados Unidos, cuyo destino en esa nación era una supuesta firma de abogados.

En el bufete presuntamente reposaban los contratos mediante los cuales se le ofrecía a los comerciantes, préstamos que oscilaban entre 300 y 200 millones de dólares, transacción que no se llegó a concretar.