La Caja de Seguro Social (CSS) deberá hacer frente a la demanda interpuesta por al menos cinco empleados de la desaparecida CREDESOL ante el Ministerio de Trabajo, en reclamo de sus prestaciones laborales.

Según los empleados, el pasado viernes, cuando la CSS procedió a secuestrar los bienes de la compañía, la administradora judicial Irasema Tapia se limitó a indicarles que se fueran a sus casas y esperaran a que les pagaran, lo que se entiende como un despido verbal. Cuando fueron a preguntar a la CSS, se les dijo que no sabían nada.