Tienen otra oportunidad para enfrentarse a la vida. Son pocos los privados de libertad que en Panamá realizan trabajos comunitarios o conmutación de pena para pagar condenas. Muchos de ellos son vistos en entidades públicas realizando trabajos de limpieza, de ebanistería, de soladura, de albañilería y otros. Pero la queja que siempre plantean es que en muchos casos la conmutación de pena no se cuantifica como debe ser.

Camilo Marrera, quien hace unos días terminó de pagar su condena, contó que actualmente labora en la empresa RECIMETAL, S.A. en donde realizó trabajo de conmutación de pena. Empezó como ayudante general y ahora es inspector. Recordó que tuvo que esperar 11 meses para que el Sistema Penitenciario le diera el permiso para salir a trabajar. "Esperas como la que yo tuve, la tienen otros privados de libertad que claman por salir a trabajar", destacó. Marrera fue condenado por tráfico internacional por más de seis años, delito por el cual nunca encontraron pruebas de su culpabilidad.

"Ahora que soy un hombre libre y con la experiencia que tuve, no pretendo hacer nada que me perjudique". Manifestó que está a la espera de unos permisos para poner su propia empresa de reciclaje en Colón y contratar personal de las cárceles, para darle la oportunidad a que otros privados puedan cumplir su condena laborando, aprendiendo nuevas tareas y ganándose la vida.

Recordó que "nunca fui delincuente ni lo seré. "Me condenaron bajo unos reglamentos que no existían, eran sólo señalamientos".

Manifestó que el Sistema Penitenciario se burla de los privados al no darles la oportunidad de pagar su condena con trabajo comunitario. El estuvo recluido en Centro Penitenciario El Renacer. "Cada minuto que uno pasa allá adentro, uno vive en peligro", dijo con mucho pesar.

Esta misma realidad la vivió Javier Iturralde, quien tiene seis meses de trabajar en RECIMETAL, S.A. Él aseguró que tuvo la dicha de pagar su condena con trabajo comunitario, pero varios compañeros de prisión aún están a la espera de ser llamados a conmutar penas. "Hace dos semanas pagué mi condena". Destacó que el trámite para trabajar fuera de la cárcel fue largo, porque tuvo que esperar 10 meses y unos días. "Yo había perdido las esperanzas, cuando me hacían falta cinco meses para terminar la condena, salió la oportunidad, ahora tengo un trabajo y si las cosas salen bien, podré ir a trabajar a Colón". Recalcó que trabajó cuatro años para el Centro Penitenciario, tiempo que jamás se le conmutó. "Siempre le voy a estar agradecido a todas aquellas personas que me dieron la oportunidad de salir adelante", enfatizó

Otro que es beneficiado es Diego Herrera, nombre ficticio, quien actualmente hace su trabajo comunitario en el Sistema Penitenciario. Contó algunas de las situaciones por las que atraviesa. Cuando está laborando, las personas empiezan a llamar a las autoridades para preguntar por qué estoy libre, quizá con la intención de que me metan preso. "Parece que no conocen del programa de trabajo comunitario".

TRISTE REALIDAD

Javier Justiniani, presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, manifestó que el Sistema Penitenciario desde hace 20 años está en proceso de colapsar. Reconoce que hay avances en las legislaciones, pero en la práctica la realidad es otra. Un vivo ejemplo es la Ley 28 de conmutación de pena a través de trabajo comunitario no remunerado. Sin embargo, sabe que hay muchas personas que están laborando y el tiempo no se lo contabilizan a la condena. "La excusa que dan es que no existe la cantidad de personas para atender esos casos, debido a la falta de presupuesto".

Sin embargo, el Sistema Penitenciario no quiso hablar sobre esta situación, aunque se les envió una solicitud por escrito, y DIAaDIA no recibió respuesta ni de la cantidad de reos que son beneficiados con esta medida.

CONFIANZA

Hay que darle al oportunidad a las personas para que se resocialicen, dijo Rosario Arana, gerente General de la RECIMETAL, una empresa que tiene a 15 reos que están pagando su condena trabajando en su empresa de reciclaje.

"No dudé en ningún momento contratar como empleados a privados de libertad que conmutan sus penas", enfatizó.

Ella les ofrece salario mínimo, como lo establece la ley laboral y, además, les paga seguro social.

En este momento tiene cuatro vacantes, pero el Sistema Penitenciario se ha demorado en responder a su solicitud.

"No me puedo quejar de las personas que laboran para mí, todos entraron como ayudantes generales y ahora son supervisores, jefes de plantas, son personas que se esfuerzan por hacer bien su trabajo".

Arana manifestó que pretende ayudar a uno de sus trabajadores para que ponga su propia empresa y así pueda darle la oportunidad a otra persona.

QUE ES TRABAJO COMUNITARIO

El Código Penal, en el artículo 65, establece que el trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento, a quien fue condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco años de prisión. En el segundo supuesto, será necesario el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en casos de calamidades. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión por cada cinco días de trabajo realizado.

A QUIENES BENEFICIA

Fernando Levy, asesor de oficio en el segundo distrito Judicial en San Miguelito, informó que el trabajo comunitario es una pena sustitutiva que se da a favor del privado de libertad.

En tanto, el trabajo que el privado realice no debe atentar contra la dignidad de la persona, es decir no se le puede obligar a trabajar en lo que no quiera hacer. La solicitud de si desea o no hacer el trabajo comunitario debe ser por escrita.

Levy manifestó que aún no se han nombrado jueces de ejecución y que están a la espera de que el Código Judicial sea sancionado por el Ejecutivo, para poder aplicar el nuevo Código Penal.

"El Sistema Penitenciario atraviesa por problemas de hacinamiento en los centros de cumplimiento y no existe un sistema de clasificación de los reos". Es decir, que en la misma celda no estén los homicidas con los condenados por tráfico de drogas.

MODIFICACIONES

Confirmó que el artículo 14 del nuevo Código Penal señala que ley favorable al imputado se aplicará retroactivamente. Este principio rige también para los sancionados, aun cuando medie sentencia ejecutoriada, siempre que no hayan cumplido totalmente la pena. El reconocimiento de esta garantía se hará de oficio o a petición de parte, dice de forma íntegra dicho artículo. Por lo que se dispone que por cada día laborado es un día de pena que paga, destacó Levy.

Recomendó que hay que hacer una reglamentación , en donde el Estado deje que los privados de libertad que realizan trabajos comunitarios puedan cobrar un salario mínimo para mantener a su familia.

Después de mucha espera Camilo y Javier dejarán su pasado en el olvido y ahora serán empresarios, pero sus nuevos logros serán gracias a la conmutación de penas.

ESTADISTICAS

En la ciudad capital existen 6 mil 903 privados de libertad, mientras que en el Centro Femenino de Rehabilitación hay 495. En la cárcel Pública de La Chorrera hay 488; en La Joya, 2041 reos; en La Joyita, 3044; en El Renacer, 350 y en Tinajitas unos 475. Por lo general , el trabajo comunitario se hace en entidades públicas, pero hay empresas privadas que actualmente apoyan la norma de trabajo por cárcel.