Hay conflictos de intereses. El problema de la corrupción en Panamá es político y no jurídico, según lo manifestó la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, en su exposición ofrecida ayer en el Encuentro Regional sobre Incidencia en Políticas Públicas Anticorrupción.

Gómez expresó que "mi cargo tiene la tragedia de superar al Gobierno que me nombra, ellos creen que con eso tú te estás garantizando que tú no los vas a tocar en la siguiente vuelta, lo cual es un riesgo".

A juicio de la Procuradora, resulta un freno jurídico el hecho de que para investigar a diputados por casos de corrupción, se requiera la autorización de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con las reformas constitucionales. "Dimos un paso eliminando la inmunidad para colocar ese requisito de procedibilidad; es una burla", dijo.

Unido a lo anterior, otro freno en el combate a la corrupción-según Gómez-es que la Asamblea Nacional de Diputados es la que tiene facultad para procesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acusados de corrupción.

El tercer freno que expuso la Procuradora es que el Ministerio Público no puede investigar de oficio a ningún funcionario por enriquecimiento ilícito, porque se necesita que el Contralor determine si hay enriquecimiento injustificado como prueba sumaria.

Señaló que "el contralor es un funcionario del Ejecutivo, y la gran mayoría de los funcionarios que tienen que rendir cuentas son del Ejecutivo".

Recalcó que "cada vez me convenzo más que cuando se toca el poder político; los partidos adquieren una preponderancia enorme".

INCREMENTO

En el Ministerio Público hay 2 mil 634 casos de corrupción desde enero del 2004 a la fecha. Han entrado 890 casos nuevos.