Sin lugar a dudas, una vez más se comprueba que las boletas de protección expedidas por las corregidurías, no son suficientes para frenar la violencia doméstica ni mucho menos para evitar que alguien arrebate la vida de otra.

Sin embargo, pareciera que fuera la única alternativa que tienen las autoridades cuando una víctima llega buscando ayuda. Este fue el caso de Ericka Francisco, la joven de 22 años que fue asesinada junto a su madre Leika Carrera de Francisco, por su ex-pareja Ángel Manuel Martínez.

Ella tenía dos boletas dadas por la Corregiduría de Juan Díaz, una de protección y la otra de citación. Esta semana, según la corregidora Aura de Lora, sería citado el victimario para comparecer.

"Las únicas medidas que podrían establecer las corregidurías son el arresto de sólo 24 horas o hasta una fianza, en el caso de que se violara la boleta de protección", dijo de Lora.

"Cuando la persona siente que está en peligro, lo indicado es llamar a la Policía Nacional", agregó. No obstante, reconoció que en este caso la joven no tuvo esa oportunidad. Varias asociaciones en defensa de la mujer maltratada, como es el caso de FUNDAMUJER, han manifestado que en el caso de Ericka, la Ley 38 del 10 de julio de 2001 sobre Violencia Intrafamiliar, es clara cuando señala que en una situación de alta peligrosidad es obligación de la PTJ o la Policía Nacional brindar la seguridad a la afectada.

En este sentido, Ericka ya había acudido a la recepción de denuncias en la PTJ para interponer una denuncia, pero según el Inspector de Homicidios, Rubén Feullibois, fue remitida a una Fiscalía de Familia, ya que en la entidad no se deslindan casos de violencia doméstica.

Para la corregidora de Lora, cuando la joven hace la denuncia, no sólo es del hecho de violencia, sino de privación de libertad y de relaciones sexuales forzosas, por lo que la PTJ debió tomar otras medidas.

ARMA

Según Homicidios, el victimario era corredor de aduanas y desde el mes de febrero tenía permiso para portar el arma.