Panamá incorpora informe de la procuraduría mexicana sobre caso de la cadete

La Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá incorporó al expediente, que se abrió de oficio la semana pasada por la supuesta comisión del delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de la cadete panameña Dayra Kaniani Wood Pino, toda la información que recabaron las autoridades de la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto se da luego que la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos renunció a la jurisdicción del caso y se la concedió a Panamá, trámite que se facilitó por el Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) y por una asistencia judicial internacional que envió el Ministerio Público de Panamá.

Al renunciar a la jurisdicción, las autoridades mexicanas remitieron dicha información al Ministerio de Gobierno de Panamá, y éste a su vez al Ministerio Público.

Cabe destacar que Panamá envió una delegación que en todo momento colaboró con las autoridades mexicanas. Esta delegación estuvo compuesta por tres delegados de la Fiscalía Auxiliar, el jefe de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Judicial, un perito planimétrico de la Sub dirección de Criminalística y un médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El sumario por la muerte de la cadete Dayra Kaniani Wood Pino, ocurrido a inicios de agosto de 2012 en la embarcación de bandera panameña "El Valencia", se continuará tramitando en la Fiscalía Auxiliar de la República y oportunamente será enviado a la agencia del Ministerio Público de turno que sea competente para que prosiga con la instrucción del sumario y demande lo que en derecho corresponda al órgano jurisdiccional.

El Ministerio Público practicará todas y cada una de las diligencias dirigidas a averiguar la verdad material de lo ocurrido en la embarcación y acreditar, de ser así, la existencia de un hecho tipificado como delito y seguidamente a establecer la identidad del o de los que resulten vinculados criminalmente.

Todo lo anterior se practicará con estricto apego a las garantías fundamentales y principios procesales básicos contemplados en la Constitución Política y en el Código Judicial, como son la presunción de inocencia, la reserva del sumario, el debido proceso, acceso a la justicia por parte de la víctima, etc.