Se unieron para decir no. El Grupo de Vigilancia Permanente de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas, las y los Adolescentes, que aglutina a unas doce organizaciones panameñas vinculadas con el tema de los derechos humanos, manifestó un rotundo no al aumento de penas sobre los delitos que cometen los menores.

Mónica Pérez, Defensora del Pueblo, reiteró que pese a la preocupación que existe en la comunidad nacional por el tema de la seguridad ciudadana, Panamá cuenta con la Ley 40 de 1999, que establece la responsabilidad penal para los adolescentes. Sin embargo, solicitó que esta ley necesita ser reforzada con más recurso humano y económico para obtener los resultados esperados.

Explicó que se debe atacar el problema de raíz, refiriéndose al narcotráfico y al tráfico de armas.

En tanto, Leila Arosemena, de la Comisión de Justicia y Paz, dijo que no es correcto hacerle ver al país que la única solución al tema de la criminalidad es aumentando las penas. Propuso implementar programas para reinsertar en la sociedad a los jóvenes que delinquen.

DEBER

El Estado debe establecer políticas públicas, como el acceso a la educación, a la seguridad social y la salud.