Por daños y perjuicios. Esos son los cargos de la demanda millonaria que interpondrá Carlos Gavilanes contra el Gobierno y empresarios de F&Icaza.

Gavilanes, abogado de los familiares de las víctimas del bus 8B-6 que se incendió frente al Templo Hossana, comunicó que son varias las empresas las involucradas en el lamentable accidente, pero que el Estado es responsable de los actos cometidos por sus funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.

Las investigaciones hechas por la Fiscalía Primera de Circuito arrojaron tres solicitudes: llamamiento a juicio de los hermanos Ortega Justavino; contra el técnico Edwin Jiménez por el delito contra la vida, y que se investigue los delitos contra la administración pública y la seguridad colectiva.