"No podemos nadar tanto para morir en la orilla", manifestó David Ramírez, del Comité de Usuarios 23 de Octubre, al referirse al veto parcial del proyecto de ley de reformas al transporte público.

Antes de viajar ayer a Alemania, el presidente Martín Torrijos vetó por "inconveniente" el proyecto de Ley 269 y lo devolvió a la Asamblea de Diputados para que sea revisado.

Fueron diferentes las causas por la cual el jefe del Ejecutivo no lo sancionó. Entre ellas, las exigencias que se establecen para la formación de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, puesto que sólo eran dos usuarios y cuatro transportistas, lo que deja a los primeros en desventaja.

También pidió que se modifique el Artículo 22 que trata sobre la remoción de los representantes de los usuarios ante la Junta Directiva y la revisión del artículo 14, que se refiere a las condiciones de seguridad y sanidad en los vehículos. En este punto del proyecto no se especifica el reglamento legal que se utilizará para hacer cumplir este requisito.

Por último, instó a la Asamblea para que los vehículos de transporte público estén regulados bajo los estándares internacionales de seguridad.