Ahora tendrá pena de cárcel. La posesión ilícita de armas de fuego ha dejado de ser una falta administrativa, para constituirse en una conducta penal que será tramitada ante las autoridades del Ministerio Público o de la Policía Técnica Judicial.

Quien posea un arma de fuego sin el permiso reglamentario tendrá que pagar una sanción de dos a cuatro años de prisión o su equivalente de 200 a 350 días - multa. Por su parte, las personas que posean, compren, vendan, fabriquen o traspasen artefactos explosivos, serán sancionadas con penas de seis a ocho años de prisión.