El abogado Antoni Vargas, quien encabezó la diligencia, pidió que se investigue por qué aún hay 17 obreros detenidos y a orden de la Fiscalía Auxiliar, a pesar de haber pagado las multas impuestas por la corregiduría. Sostuvo además que sin ser sancionados, algunos obreros fueron trasladados a los centros penitenciarios La Joya y La Joyita, como si fueran delincuentes.
La Defensoría del Pueblo acogió la denuncia y procederá a investigar.