Tras el anuncio del Ejecutivo sobre la creación de una oficina fiscalizadora del sistema de salud, el Comité de Familiares de Pacientes con Derecho a la Salud y a la Vida, dio a conocer que no están de acuerdo con la decisión y la calificaron como demagógica, pues "ésta es una crisis que requiere de soluciones inmediatas", señaló Gabriel Pascual, uno de los familiares de las víctimas del Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA).

Por su parte, Anabel Herrera, familiar de otra víctima del SIRA, afirmó que el crear esta oficina es innecesaria, pues ya existe la Defensoría del Pueblo, "una entidad estructurada que debió ser reforzada, pero sólo pusieron figuras decorativas".

Para los familiares de los afectados, esta decisión es una evasiva más del Estado sobre la responsabilidad que deben asumir.

Igualmente, reiteraron que presentarán una demanda penal en la Corte Internacional de Derechos Humanos contra el ministro de Salud, Camilo Alleyne, y el director de la Caja de Seguro Social, René Luciani.