¿Quién se hace responsable? El señor Manuel Zúñiga vive junto a su esposa y sus dos hijos en Altos de El Valle de Urracá hace seis años.

Durante todo este tiempo, ha hecho grandes sacrificios para construir una casa de cemento; sin embargo, hace 10 meses todo cambió.

Las paredes se han rajado, el muro puede colapsar y las esperanzas de Manuel cada día se consumen, porque la respuesta no llega. Y es que él forma parte del grupo de personas de las comunidades de Altos de El Valle de Urracá, Liberación y Loma Bonita, que en numerosas ocasiones han protestado pidiendo indemnización por las afectaciones que la construcción del Corredor Norte ha ocasionado en unas 200 casas por las constantes detonaciones.

El pasado 15 de septiembre fue la última inspección, pero allí no entró la vivienda de Zúñiga, quien tampoco tiene un trabajo fijo y es el sustento de su hogar.

"A veces hago camarones, vendo chicheme o pixbae", aseguró mientras miraba preocupado las grietas que cada vez son más grandes.

BUSCABAN RESPUESTA

Ayer, miembros de las comunidades, personal del MOP, Constructora Vial y el Municipio de San Miguelito se reunieron en la Defensoría del Pueblo para determinar qué pasará con las casas. Ellos esperan que la comisión que hace las evaluaciones entregue el miércoles el reporte final y de allí, cuándo se harán las inspecciones de las siete viviendas que faltan, incluyendo la de Zúñiga.

OTRA VEZ

El miércoles 19 será la reunión en la que se dirán los resultados del informe para las indemnizaciones.