Bárbaros. Gabriel González Cáceres es uno de los servidores públicos que fue despedido el pasado 4 de octubre.

Contó que tenía 24 años de laborar en distintas entidades del Estado y que su último cargo lo obtuvo mediante concurso y no de a dedo, como otros casos.

Él padece de diabetes mellitus (hace cuatro años se lo detectaron) y ahora está preocupado porque si no consigue empleo, no logrará asistir a sus citas médicas y comprar los medicamentos.

Especificó que la Ley 59 de 4 de enero de 2006 establece que ninguna persona con enfermedades crónicas debe ser destituida.

En tanto, la Ley 43 del 20 de julio de 2009 que aprobó este Gobierno establece, en el artículo 15, que queda prohibido la destitución de los servidores públicos con alguna enfermedad terminal.

Ante esto, González dice que su despido, aparte de injusto, es ilegal.