No quiere que se le vayan los narcos. El fiscal segundo de Drogas, Patricio Candanedo, interpuso un amparo de garantías constitucionales contra la resolución del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que declaró la nulidad del proceso y dejó libre a 26 personas implicadas en la incautación de drogas y bienes, mediante las operaciones denominadas Estero y Buenaventura.

A la vez, Candanedo interpuso "una queja disciplinaria por ignorancia inexcusable de la ley" contra los magistrados Andrés Almendral y Rolando Quezada Vallespi, que fallaron en el caso el pasado 15 de diciembre.

En estas operaciones realizadas por la Policía Nacional y la PTJ se incautaron 333 kilos de droga y se confiscaron cerca de 5.1 millones en bienes.

Candanedo sostuvo que Estados Unidos envió una nota avisando que en Panamá se estaban cometiendo hechos delictivos, y pidió además que se usara una unidad especializada de la PTJ, pero no una asistencia judicial ni que recabaran pruebas para usarlas ellos. "La DEA no participó de esta operación", dijo.