Enfrentamientos en Divisa


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Se conoció que uno de los heridos fue Gabriel Tuñón del corregimento de Campana.

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    Se conoció que uno de los heridos fue Gabriel Tuñón del corregimento de Campana.

  • Enfrentamientos en Divisa

    La Policía dice que se apegó la ley.

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    La Policía dice que se apegó la ley.

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    La Policía dice que se apegó la ley.

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    La Policía dice que se apegó la ley.

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    La Policía dice que se apegó la ley.

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Elsa González / Herrera

Dos heridos y al menos cuatro detenidos fue el saldo de la protesta que realizaron ayer alcaldes y representantes en la vía Panamericana, a la altura de Divisa, para exigir equidad de los recursos económicos.

En el lugar utilizaron muchas bombas lacrimógenas y gas pimienta para replegar a los manifestantes. Estuvieron presentes en el piqueteo, personas de Los Santos, Herrera, Chiriquí, Coclé, Veraguas y Panamá.

Tres horas duró la protesta y dos le tomó a la Policía despejar y retirar a los manifestantes de la vía para abrir el paso expedito a los vehículos que transitaban hacia la ciudad capital y viceversa.

A los manifestantes no les importaba las bombas lacrimógenas ni el gas pimienta que utilizaron los antimotines para disuadirlos y a la postre fueron dispersados.

Jorge Herrera, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), planteó que la falta de comunicación que han tenido con el gobierno central en negarles a las comunidades la equidad de los recursos por ser de partidos de oposición no es justo.

Por su ´parte, Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, informó a través de un comunicado que la institución se apegó al artículo 38 de la Constitución, el cual faculta a tomar las medidas para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de derechos de terceros. Igualmente, la Ley 14 de 2010 establece como delito el abusar del derecho de reunión o manifestación, sancionado con prisión de seis meses a dos años a quien impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas de país y cause daños a la propiedad pública o privada.

 
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