Para que la feria no se paralizara, el patronato decidió consignar en la tarde de ayer, por medio del Banco Nacional de Panamá, el pago a nombre del Juzgado Primero para que se levante el secuestro. Después, el tema lo verán los tribunales de justicia.

Esta acción, interpuesta por la defensa legal del diputado Aris de Icaza, propietario de la emisoara, causó un aumento de 50 centésimos en el valor de la entrada de la feria. Ahora será de B/2.00 para los adultos y B/1.50 para los niños.

Yuzaida Marín, presidenta del patronato de la feria, dijo que para el año 2007, cuando se pasó la supuesta publicidad por las emisoras del diputado, la administradora judicial era Jéssica Aguirre, cuyo representante legal era Marcos Tulio Londoño, quien nuevamente ejecutó el secuestro.

En tanto, el abogado de la Feria de La Chorrera, Celio Gutiérrez, tildó la acción de engorrosa, porque solo se presentó como prueba una orden de transmisión y no el supuesto contrato firmado que dicen tener.