Por orden de la Corregiduría fueron desalojados y su vivienda destruida.

La tarea se ejecutó aun cuando Dionisia González, madre de la dueña de la casa, solicitó que les dieran tiempo para salir, ya que no tienen un sitio para vivir.

El alcalde de La Chorrera, Luis Guerra, advirtió que no se trata de "un problema de sensibilidad social", puesto que la casa fue levantada en un área altamente peligrosa, al estar sobre una pendiente y en donde fácilmente pueden registrarse deslizamientos de tierra.