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  martes 10 de mayo de 2005 enviar por email versión para imprimir
  IMPACTO
Tremendo tira y jala

Rubén Polanco | Agencias Internacionales

Los terrenos de la Calzada de Amador han generado discordia nuevamente. La Alcaldía de Panamá y la Autoridad de la Región Interoceánica se pelean una vez más por decidir cuál de las dos entidades tiene el poder para otorgar permisos para establecer negocios en el área, específicamente en las servidumbres.

En el medio, empresarios que están con uno y con otro bando, le pagan dinero a ambas instituciones estatales en concepto de tasas e impuestos.

Por un lado, la ARI asegura que sólo ellos pueden dar permisos para operar en el área y que la Alcaldía apenas tiene competencia para “establecer regulaciones”, mas no disponer de los terrenos; mientras que la Alcaldía se empeña en decir que es el Municipio el que tiene jurisdicción.

¿ES UN AREA ESPECIAL?
La ARI señala que la Calzada de Amador tiene una Regulación Legal Especial por tratarse de un Área de Turismo Urbano de Alta Densidad, por lo que no cualquiera puede estar dando permisos, ya que pueden violentar los conceptos de desarrollo del área turística.

Juan García, director de Legal y Justicia del Municipio, dice que este tema “ha sido objeto de debate público en muchas ocasiones (...) esas áreas (las servidumbres) no están exentas de la aplicación de las normas municipales”.

Aclaró García que las áreas de servidumbre pública son administradas por los municipios, en consecuencia, éstos tienen conforme a la ley la potestad de disponer y autorizar actividades bajo las condiciones legales correspondientes.

LOS USUARIOS
El temor de los empresarios que ya tienen negocios en el sector (bajo las reglas de la ARI) es que la Calzada de Amador, que está destinada al turismo, se llene de buhoneros y pequeños negocios que afecten su rendimiento.

Además, cuando ellos firmaron sus contratos originales se estableció que sería una Asociación de Usuarios amparada por ley (que no existe todavía) la que se encargaría de administrar el área de la Calzada cuando la ARI desaparezca a finales de este año.

Las preguntas son: ¿Quién tiene la razón en todo esto? ¿Se puede arreglar el asunto para que los empresarios compitan en igualdad de condiciones? ¿Quién se hará cargo de administrar los jardines, los estacionamientos y otras servidumbres cuando no exista la ARI? ¿Fueron engañados los empresarios originales?

 
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