José Trujillo, asesor del Ministro de Gobierno y Justicia, manifestó que la iniciativa surge debido a la ola de violencia que impera en Panamá, y que no puede ser que al decomisar un arma de fuego a un ciudadano, solo se le penalice con multas que van de B/50 hasta B/100.

Tujillo afirmó que, a pesar de que la norma se encuentra en discusión, en el pleno de la Asamblea, pronto se convertirá en una realidad. Se espera que en poco tiempo, esta situación pase de una falta administrativa a un delito penal.