Explicó que la Procuraduría de la Nación tiene plenas facultades en base a la misma ley universitaria, cuando señala que establece una excepción, que es cuando emane una orden de autoridad competente.

Aclaró que la autonomía universitaria es administrativa y eso es una ficción jurídica que en nada significa impunidad.

La diligencia buscaba recopilar información para determinar si hubo o no falsificación de diplomas, tal como lo denunció el catedrático Miguel Antonio Bernal.