José Sánchez, coordinador de los Empleados Portuarios, expresó que este derecho les corresponde desde que fueron despedidos en diciembre de 1996, ya que asegura que la Ley Marco de las Privatizaciones fijas del 14 de junio de 1993 establece que "al privatizarse una empresa se le reconoce a sus empleados del 5 al 20%, respectivamente".

Explica Sánchez que debido a la demora en los trámites de pago a los ex-empleados, han tenido que recurrir a los servicios del abogado Silvio Guerra para interponer una demanda contra los propietarios de la compañía portuaria, razón por la cual convocaron una reunión extraordinaria entre los afectados para solicitar sus firmas y reiterar el apoyo a la comisión que es la encargada de que estos trámites se lleven a cabo.

Desde el 31 de diciembre de 1996, cuando fueron despedidos, alegan que han tenido que recurrir a diversas entidades y autoridades, pero nadie los ha ayudado aún.